En general parece que la gestión de estas infraestructuras no está resultando demasiado eficaz.
La principal causa que invita a este razonamiento es la ausencia de una cultura de rentabilizar económicamente estas infraestructuras. En términos generales nuestros ayuntamientos entienden sus infraestructuras (nuestro patrimonio) como una herramiente para proporcionar servicios públicos a la ciudadanía y no cómo un instrumento que permite generar ingresos municipales (probablemente la posibilidad de obtener de manera fácil ingresos procedentes de otras fuentes ha incidido notablemente en esta cultura). La mayor parte de los ayuntamientos se limitan a cobrar un alquiler a las entidades deportivas, estimando que el retorno de estas inversiones procedera del impulso económico (imagen,visitantes, etc.) derivado de esta actividad.
Además, esta circunstancia se traduce en un menor empleo de las infraestructuras que, en muchas ocasiones, quedan limitadas a su utilización por una entidad deportiva concreta (cada 15 días habitualmente).
Para que la gestión de estas infraestructuras sea más eficiente deben incorporarse mecanismos de gestión privada que generen mayor rentabilidad e ingresos.
Ésta es una tendencia que se ha desarrolla en otros países, especialmente en Estados Unidos, donde el deporte profesional se encuentra más artículado empresarialmente, para obtener un mayor retorno de la inversión pública.
Los ayuntamientos deben percibir a las entidades deportivas como aliados comerciales en la gestión económica de las infraestructuras deportivas, estableciendo relaciones beneficiosas para ambas partes.
A nivel internacional, se han explorado diversas opciones para rentabilizar estas infraestructuras públicas. Éstos son algunos de los mecanismos que pueden valorarse por nuestros ayuntamientos para poner en valor el patrimonio disponible.
Existen diversas formulas, pero uno de los aspectos clave es la capacidad de propiciar que las infraestructuras resulten polivalentes, pudiéndose emplear para diferentes usos: deportivos, conciertos, salas de reuniones, encuentros empresariales, etc. Esto permite maximizar los días de ocupación y, en consecuencia, la rentabilidad.
Del mismo modo, al tratarse de infraestructuras públicas deberían disponer de un periodo de disponibilidad pública para su empleo para actividades no profesionales o por particulares.
En definitiva, existen diferentes posibilidades que cada municipio debe analizar para elegir los instrumentos que resultan más adecuados, pero NO ES UNA OPCIÓN MANTENER UN PATRIMONIO IMPRODUCTIVO CUANDO EXISTE UNA NECESIDAD DE GENERAR INGRESOS PARA CUBRIR OTRAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN.
La principal causa que invita a este razonamiento es la ausencia de una cultura de rentabilizar económicamente estas infraestructuras. En términos generales nuestros ayuntamientos entienden sus infraestructuras (nuestro patrimonio) como una herramiente para proporcionar servicios públicos a la ciudadanía y no cómo un instrumento que permite generar ingresos municipales (probablemente la posibilidad de obtener de manera fácil ingresos procedentes de otras fuentes ha incidido notablemente en esta cultura). La mayor parte de los ayuntamientos se limitan a cobrar un alquiler a las entidades deportivas, estimando que el retorno de estas inversiones procedera del impulso económico (imagen,visitantes, etc.) derivado de esta actividad.
Además, esta circunstancia se traduce en un menor empleo de las infraestructuras que, en muchas ocasiones, quedan limitadas a su utilización por una entidad deportiva concreta (cada 15 días habitualmente).
Para que la gestión de estas infraestructuras sea más eficiente deben incorporarse mecanismos de gestión privada que generen mayor rentabilidad e ingresos.
Ésta es una tendencia que se ha desarrolla en otros países, especialmente en Estados Unidos, donde el deporte profesional se encuentra más artículado empresarialmente, para obtener un mayor retorno de la inversión pública.
Los ayuntamientos deben percibir a las entidades deportivas como aliados comerciales en la gestión económica de las infraestructuras deportivas, estableciendo relaciones beneficiosas para ambas partes.
A nivel internacional, se han explorado diversas opciones para rentabilizar estas infraestructuras públicas. Éstos son algunos de los mecanismos que pueden valorarse por nuestros ayuntamientos para poner en valor el patrimonio disponible.
- Participación de empresas privadas en la financiación de la construcción de estas infraestructuras. Se implica a empresas privadas en la financiación de la construcción a cambio de la cesión parcial o temporal de la infraestuctura (empleo durante determinadas actividades, cesión de palcos-vip, etc.). Se puede contar con diferentes entidades/empresas cediendo temporalmente diferentes usos.
- Participación de particulares en la financiación de la construcción. Se trata de que particulares apoyen la construcción de la infraestructura a cambio de determinados derechos (derecho a la elección de determinados asientos a cambios de acceso de temporada).
- Concesión de la explotación de las infraestructuras a empresas privadas. Esto permite que una empresa privada se encarge de rentabilizar la explotación de la infraestructura mientras que el municipio recibe unos ingresos recurrentes derivados de la concesión. Las concesiones puden realizarse a 10, 20 o 25 años.
- Creación de empresas público-privadas encargadas de la gestión de la infraestructura. Se trata de crear empresas de capital mixto que se encargarían de la explotación. Los beneficios se repartirían proporcionalemente generando ingresos para las arcas municipales.
- Cesión del nombre a empresas privada para su promoción. Esta práctica se encuentra especialmente difundida en el mundo anglosajón (ej. Fly Emirates-Londrés-, Fedex Forum-Memphis-, T&T Garden-Bostón-, American Airlines Arena-Miami-, etc.)
Existen diversas formulas, pero uno de los aspectos clave es la capacidad de propiciar que las infraestructuras resulten polivalentes, pudiéndose emplear para diferentes usos: deportivos, conciertos, salas de reuniones, encuentros empresariales, etc. Esto permite maximizar los días de ocupación y, en consecuencia, la rentabilidad.
Del mismo modo, al tratarse de infraestructuras públicas deberían disponer de un periodo de disponibilidad pública para su empleo para actividades no profesionales o por particulares.
En definitiva, existen diferentes posibilidades que cada municipio debe analizar para elegir los instrumentos que resultan más adecuados, pero NO ES UNA OPCIÓN MANTENER UN PATRIMONIO IMPRODUCTIVO CUANDO EXISTE UNA NECESIDAD DE GENERAR INGRESOS PARA CUBRIR OTRAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN.
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